Oscar López Reyes
Más del 50% de los electores se fascinaron tanto, en el 2012, con la perorata del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina Sánchez sobre su lance contra la corrupción, que le depositaron su voto, en la más esmerada canoa. Pero, ¡oh, cuánta alevosía en el embeleso de la más insaciable urdimbre y farfullería político-gubernamental!
Maravilla la pluma de burros en papel mojado del programa de gobierno del PLD 2012-2016 en torno al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, particularmente en su capítulo IV, en el cual gradúa a la más alta velocidad sus tonalidades sobre la “Tolerancia cero a la corrupción, con enfoque participativo y estricto cumplimiento de la ley”.
Mordisquean, en un festín repulsivo, las líneas de acción y políticas públicas contra la impunidad, la falta de confianza y por la transparencia, con el fomento de “Alianza para el gobierno abierto”, el “Portal transaccional de las compras y contrataciones públicas”, y “diseñar e implementar un efectivo sistema de consecuencias”, con “amonestación, seguimiento y castigo para las violaciones de las normas establecidas o aportes insatisfactorios de los gestores públicos”.
Con voz estentórea, el candidato Medina Sánchez pregonó la profesionalización de la Dirección General de Contrataciones Públicas, para asegurar que los procesos de adquisición de bienes y servicios fueran efectuados conforme a la normativa, y apoyar a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, a fin de que aumentaran la calidad de las auditorías. Igualmente, ofertó robustecer al Ministerio Público con el objetivo de garantizar que los expedientes de corrupción, fraudes e irregularidades fuesen sustentados y mantenidos en todas las jurisdicciones de la justicia.
Arengó, irresolutamente: “Daremos el ejemplo” en la revisión y monitoreo de las declaraciones de los funcionarios”, porque “los bienes públicos son sagrados”.
Desde la presidencia de la República, Medina Sánchez creó una novedosa red de veedores ciudadanos, para acompañar a distintas instituciones en las licitaciones para pactar y adquirir bienes y servicios, a fin de fortalecer la transparencia en las compras públicas y reducir la confabulación y el engaño. ¡Guao! Con ese objetivo dictó los decretos 188-14, 183-15 y 15-17.
Representativos de entidades empresariales, las iglesias católicas y evangélicas, entidades de interés social, periodistas y otros ciudadanos de reconocida trayectoria fueron integrados a las comisiones de veedores, para participar activamente en procesos que iban desde la convocatoria, adjudicación y entrega de los objetos concursados. ¡Genial!
En el buen decir, el Ministerio de la Presidencia buscó tramitaciones y aprobaciones apegadas a la Ley 340-00 sobre contrataciones públicas, en lo que supuso la puesta en vigencia de una política pública de fiscalización y la práctica de una democracia participativa saludable y de un valor infinito. ¡Ea!
Los primeros informes de gestión fueron definidos por los actuantes como positivos. También revelaron que en los órganos oficiales que adoptaron este nuevo mecanismo se redujo -buuu! la entrega por debajo de la mesa de comisiones para conceder contratos, metiendo gato por liebre.
¡Uf! Ministerios e instituciones centralizadas y descentralizadas no seleccionaron a veedores ciudadanos porque –¡rayos!- mostraron desinterés en que los recursos públicos fueran administrados con más claridad y eficacia. La mayoría de las que lo acogieron no respondieron a los requerimientos de informaciones, por lo que no se produjo una sola denuncia ni investigación penal.
Por esa y otras resistencias, las veedurías se volvieron inoperantes y las renuncias de sus miembros retumbaron: ¡Abur!, por sentirse burlados, en vista de que fueron cogidos como mojigatos.
La Direcci