Por Juana De Jesús
MEXICO,(ADPRESS).- Un nuevo informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) relata el caso de México, donde hay documentadas unas cien mil personas desaparecidas, de las cuales no se sabe absolutamente nada, en una nación donde la impunidad está a la cabeza de las estructuras mafiosas.
El organismo giró una visita al país en noviembre pasado, para investigar y luego ofrecer datos sobre el tema, los cuales revelan “la gran magnitud del problema de las desapariciones”, junto con tendencias y recomendaciones.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en México están contabilizadas 99.249 personas desaparecidas. De ellas, unos 112 de esos casos sucedieron durante las dos semanas de la visita del Comité.
El reporte fue publicado en la página del organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Human Rights).
Resultados y tendencias de las desapariciones
Según el informe, más de 52.000 muertos sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones, universidades y centros de protección forense.
«Esta cifra, pese a su magnitud, no incluye los cuerpos que están todavía por localizar, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y las comisiones de búsqueda recogen semanalmente en fosas clandestinas», señala el informe.
Expresa el organismo que se observó un aumento en el número de desapariciones de niños, adolescentes y mujeres, agravado durante la pandemia del Covid 19.
El informe destaca la preocupación por la victimización de las mujeres, que a menudo se ven obligadas a cuidar de sus familias y a buscar a sus seres queridos con la carga económica que supone ambas responsabilidades.
Las mujeres acaban «sufriendo las graves repercusiones sociales y económicas de las desapariciones y, además, en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias».
Otras víctimas
Hay muchas otras víctimas que se ven afectadas, como es el caso de periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes e indígenas.
En el caso de los indígenas, sus desapariciones suelen producirse en el contexto de conflictos territoriales asociados a proyectos mineros o energéticos o al apoderamiento de tierras para su explotación económica por parte de grupos del crimen organizado, con diferentes grados de implicación o conformidad de los agentes del Estado.
El Comité también encontró información sobre la desaparición de personas LGBTIQ+ a manos de las fuerzas de seguridad o grupos del crimen organizado con fines de limpieza social o explotación sexual, principalmente después de haber sido obligadas a ingresar en centros de reconversión.
Que los responsables respondan por sus actos parece sencillo, pero la impunidad es una tendencia recurrente en México y la falta de confianza de las víctimas en las instituciones se traduce en un número elevado de casos no denunciados, señala el informe.
«La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro, además de generar ansiedad, a las víctimas, a las personas que defienden y promueven sus derechos, a los funcionarios públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos”, indica.
